Medicamentos caducos, contratos chuecos y más de mil millones de pesos perdidos marcan la gestión del exdirector de BIRMEX, General Jens Pedro Lohmann Iturburu.

En un país donde ir al médico ya es un acto de fe, ahora también hay que encomendarse a los santos para que los medicamentos no estén caducos, no sean inútiles y, sobre todo, no sean parte de algún negocio turbio con sabor a podredumbre. Porque sí, mientras usted lucha por una cita médica o una receta surtida, en las altas esferas del poder se juegan millones como si fueran fichas de casino. Y BIRMEX, la paraestatal encargada de proveer medicamentos a instituciones públicas, ha sido el epicentro de un escándalo que huele mal. Muy mal.

Durante la gestión del General Jens Pedro Lohmann Iturburu —quien ya de por sí carga con acusaciones por encubrimiento de desaparición forzada en 2009—, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió todas las alarmas: contratos opacos, medicamentos defectuosos, pagos inexplicables y una cadena de errores que no puede, ni debe, quedar impune.

¿El dato que duele?

BIRMEX pagó 24 millones de pesos a Neuronic Mexicana por medicamentos que no estaban en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y que ni siquiera fueron solicitados por el INSABI. Pero como si eso fuera poco, también se soltaron otros 15 millones por 10 lotes de medicinas que no pasaron las pruebas de calidad de la Cofepris. Así es: se pagó por productos inútiles que jamás debieron llegar a manos de los pacientes.

Y el desastre no paró ahí. Porque también se distribuyeron 8,060 piezas de medicamentos y materiales de curación caducos al ISSSTE. Sí, caducos. Como si no fuera suficiente cargar con una enfermedad, ahora hay que revisar dos veces la etiqueta del medicamento que el Estado te entrega. Un verdadero atentado a la salud pública.

¿Y qué decir de los contratos sin pies ni cabeza? La ASF detectó pagos por más de 819 millones de pesos a la empresa Almacenaje y Distribución Avior y 152 millones a Farmacéuticos Maypo, sin que BIRMEX pudiera comprobar que los servicios contratados se realizaron. Es decir, pagaron por quién sabe qué, a quién sabe quién, sin saber si se hizo algo.

Uno pensaría que en plena crisis de salud, los funcionarios estarían al tiro, concentrados, vigilando cada peso, cada lote, cada medicamento. Pero no. El cochinero se hizo con total impunidad, con firmas que valían más que la vida de los pacientes.

Y en medio de esta tormenta, el General Lohmann simplemente desapareció del radar público. Oficialmente, no se le ha asignado un nuevo cargo, ni se ha informado de acciones legales en su contra. Su salida de BIRMEX se dio en silencio, como si un escándalo de esta magnitud no mereciera una explicación.

Ante este desmadre, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió tomar cartas en el asunto. Destituyó a por lo menos cinco funcionarios de alto nivel en BIRMEX, incluido el sucesor del General, Iván Olmos. En su lugar, llegó Carlos Ulloa, un nombre que promete cambios y una nueva era de transparencia. Pero, la pregunta sigue en el aire, y no es menor:

¿Basta con cambiar de director para limpiar el cochinero que dejó el General Lohmann?

¿O necesitamos una limpia con ruda, copal y un exorcismo completo para sacar la mala vibra de una institución que debería ser símbolo de esperanza, no de corrupción?

Porque esto no es solo un tema administrativo. Es un tema de vida o muerte. De ética. De justicia. Cada peso desviado, cada medicina defectuosa, es un paciente que no se cura, un niño que no mejora, un anciano que muere antes de tiempo. Y eso, no se perdona.

Los mexicanos merecemos saber la verdad. Merecemos justicia, rendición de cuentas y garantías de que esto nunca más se repita. Por eso, esta historia no debe enterrarse entre boletines tibios y declaraciones vacías.

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Porque el silencio no es opción cuando la salud está en juego.

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