En un día que quedará marcado en la historia reciente de México, miles de jóvenes de la Generación Z tomaron las calles de la Ciudad de México en una marcha que comenzó como un llamado pacífico por justicia y terminó en caos, con vallas derribadas y heridos. Este evento no solo expone el descontento acumulado contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que señala un posible punto de inflexión en la dinámica política nacional.
La marcha, convocada por la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) y el Movimiento del Sombrero, surgió de un hartazgo generalizado ante la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades. Lo que inició como una protesta digital en redes sociales se transformó en una movilización masiva que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Según reportes, alrededor de 50,000 personas participaron, exigiendo reformas judiciales, mayor transparencia en el gasto público y un freno a la violencia que azota al país. Sin embargo, la tensión escaló cuando grupos intentaron derribar las vallas protectoras de Palacio Nacional, resultando en 120 heridos, entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Autoridades reportaron detenciones por vandalismo, mientras que organizadores denunciaron represión excesiva.
El contexto es clave para entender esta erupción social. México ha enfrentado una ola de violencia récord en los últimos años, con más de 150,000 homicidios durante el sexenio anterior y una percepción de impunidad que alcanza el 93%, según datos del INEGI. La administración de Sheinbaum, que asumió con promesas de continuidad en la “Cuarta Transformación”, ha sido criticada por no abordar de fondo estos problemas. Actores involucrados incluyen no solo a los jóvenes, sino a sectores opositores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se posiciona como contrapeso, y figuras políticas que ven en estas protestas una oportunidad para desestabilizar al oficialismo. Antecedentes como las marchas feministas de 2020 o las protestas contra la reforma electoral en 2023 muestran un patrón de movilización ciudadana que el gobierno ha intentado minimizar, calificándolas de “artificiales” o manipuladas por la oposición.
Datos relevantes subrayan la magnitud: un sondeo reciente de El Financiero indica que el 65% de los jóvenes entre 18 y 29 años desaprueba la gestión de seguridad del gobierno, mientras que la economía juvenil sufre con un desempleo del 12% en este grupo etario. Posibles consecuencias incluyen una mayor polarización, con riesgos de escalada si no se atienden las demandas, y un impacto en la inversión extranjera, que ya ha mostrado cautela ante inestabilidad social.
“Esta no es una marcha de bots, es el grito de una generación que no quiere heredar un país roto”, declaró un organizador anónimo del Movimiento del Sombrero en redes sociales. Por su parte, la presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina, minimizó el evento como “provocado por intereses conservadores”, citando inteligencia que apunta a financiamiento opositor. Analistas como Denise Dresser, en columnas recientes, han advertido: “Ignorar a la Gen Z es subestimar el poder de la juventud en una era digital; podrían ser los catalizadores de un cambio real, como lo fueron en Chile o Colombia”.
En el corto plazo, esta protesta podría forzar al gobierno a dialogar, quizá mediante mesas de trabajo con representantes juveniles, para evitar más confrontaciones. A mediano plazo, sin embargo, representa un desafío estructural: México necesita reformas que integren a esta generación en la toma de decisiones, o arriesga un ciclo de inestabilidad que erosione su posición en el escenario global. En un mundo donde las juventudes impulsan cambios –desde Hong Kong hasta las Primaveras Árabes–, la Gen Z mexicana podría redefinir no solo la política interna, sino la imagen de México como democracia vibrante. El futuro, al parecer, ya no espera en silencio.