En un operativo militar relámpago orquestado por Estados Unidos, el expresidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero, marcando un precedente histórico de intervencionismo directo en América Latina. Esta acción, justificada por Washington como una medida contra el narcotráfico y la inestabilidad regional, ha generado ondas de choque que trascienden las fronteras venezolanas, cuestionando el respeto al derecho internacional y redefiniendo las relaciones hemisféricas.
La crisis en Venezuela no es nueva. Desde 2013, cuando Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez, el país ha sufrido un colapso económico agravado por sanciones estadounidenses, hiperinflación y una emigración masiva de más de 7 millones de personas. Actores clave incluyen a la oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, quien ha celebrado la captura como un “fin a la tiranía”, y aliados regionales como Cuba y Rusia, que condenan la intervención como una violación soberana. Estados Unidos, bajo Donald Trump, ha escalado su estrategia: tras años de sanciones, pasó a la acción militar directa, capturando a Maduro en Caracas y anunciando planes para “administrar indefinidamente” los recursos petroleros venezolanos, que representan el 95% de sus exportaciones.
Antecedentes revelan una escalada calculada. En 2024, disputas electorales llevaron a acusaciones de fraude contra Maduro, con observadores internacionales como el exlíder dominicano Leonel Fernández declarando que “no se podía proclamar su triunfo”. Datos del Departamento de Estado de EE.UU. indican que Venezuela ha sido un hub para carteles de drogas, con estimaciones de que el 40% de la cocaína hacia Norteamérica pasa por allí. Posibles consecuencias incluyen una transición política inestable en Caracas, con liberaciones de presos políticos –más de 200 hasta ahora– como gesto de paz, pero también riesgos de guerrilla y éxodos migratorios adicionales hacia Colombia y Brasil.
Citas de líderes subrayan la polarización. Trump, en entrevista con The New York Times, afirmó: “Mi poder se limita solo por mi propia moralidad, no por leyes internacionales”, defendiendo la operación como necesaria para la seguridad estadounidense. Por su parte, el presidente interino venezolano designado por EE.UU., Carlos Ron, declaró en una rueda de prensa: “Esta es una oportunidad para reconstruir Venezuela, pero bajo supervisión para evitar corrupción”. Analistas como Ian Bremmer de Eurasia Group advierten: “La revolución política de Trump es el mayor riesgo global de 2026, desmantelando normas y chequeos al poder”.
En perspectiva, esta captura podría estabilizar Venezuela a corto plazo al facilitar inversiones petroleras –ejecutivos de compañías occidentales ya dialogan con Trump–, pero a mediano plazo genera inestabilidad. Para México, vecino y receptor de migrantes venezolanos, implica presiones adicionales en fronteras y diplomacia: la presidenta Sheinbaum ha enfatizado la no intervención, pero la revisión del T-MEC podría vincularse a demandas de seguridad regional. Globalmente, fortalece el unilateralismo estadounidense, erosionando instituciones como la OEA y abriendo puertas a respuestas de potencias rivales como China, que ha invertido miles de millones en Venezuela.
En resumen, la caída de Maduro no solo cierra un capítulo de autoritarismo, sino que inaugura una era de incertidumbre geopolítica. Si EE.UU. logra una transición pacífica, podría revitalizar la economía regional; de lo contrario, risks de conflicto armado y polarización hemisférica persisten, recordándonos que en la política internacional, el poder sin límites rara vez trae equilibrio duradero.