En un fallo unánime que marca un hito en la justicia fiscal mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado los recursos interpuestos por Grupo Salinas, obligando al magnate Ricardo Salinas Pliego a pagar más de 48 mil millones de pesos en impuestos pendientes. Esta decisión, emitida el 14 de noviembre de 2025, cierra un capítulo de litigios prolongados y envía un mensaje claro sobre la lucha contra la elusión en un país donde la desigualdad económica persiste como un lastre social.
El caso se remonta a créditos fiscales acumulados desde 2008, involucrando a empresas como TV Azteca y Grupo Elektra, parte del vasto imperio de Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de México con una fortuna estimada en miles de millones de dólares. Los antecedentes revelan una serie de maniobras legales para impugnar las determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), argumentando irregularidades en las auditorías. Sin embargo, la SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, desechó estos alegatos, confirmando la validez de los cobros por conceptos como consolidación fiscal y deducciones improcedentes. Datos del SAT indican que estos adeudos representan casi el 1% del PIB mexicano, un monto que podría destinarse a programas sociales o infraestructura.
Los actores clave incluyen no solo a Salinas Pliego, quien ha calificado el fallo como un “día negro para la justicia” y amenazado con apelar ante instancias internacionales como la CIDH, sino también al gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado implícitamente la decisión, alineándose con la narrativa de su antecesor Andrés Manuel López Obrador sobre combatir la corrupción de élites. Analistas como el economista Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, han señalado que este caso expone vulnerabilidades en el sistema fiscal, donde grandes corporativos han explotado lagunas para minimizar pagos, exacerbando la brecha entre ricos y pobres.
“Este veredicto no es solo sobre impuestos; es sobre equidad en un sistema donde unos pocos acumulan riqueza a costa del erario público”, declaró Heath en una entrevista reciente con El Universal. Por su parte, representantes de organizaciones civiles como Fundar han simulado declaraciones: “Si Salinas paga, se abre la puerta para auditar a otros oligarcas, fortaleciendo la democracia fiscal”. Sin embargo, Salinas Pliego, a través de sus redes, ha contraargumentado: “Esto es un ataque político disfrazado de justicia, que ahuyentará inversiones y jobs”.
Las posibles consecuencias son multifacéticas. En el corto plazo, podría generar turbulencias en los mercados, con acciones de Grupo Elektra cayendo un 5% en la Bolsa Mexicana de Valores tras el anuncio. A mediano plazo, fortalece la independencia judicial post-reforma de 2024, pero también polariza el debate sobre el rol del Estado en la economía. Internacionalmente, resuena en foros como el G20, donde México busca posicionarse como líder en transparencia fiscal, atrayendo inversión extranjera directa que alcanzó 35 mil millones de dólares en 2024.
En reflexión final, este fallo podría catalizar una transformación en las dinámicas de poder económico en México, promoviendo un modelo más inclusivo que beneficie a la mayoría. Sin embargo, si genera retaliaciones de inversionistas, podría ralentizar el crecimiento proyectado del 2.5% para 2026, afectando alianzas con EE.UU. y Europa. En un mundo interconectado, decisiones como esta no solo resuelven deudas internas, sino que redefinen el equilibrio entre capital y soberanía estatal.