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La propuesta de imponer un arancel a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México, que ha avanzado en la Cámara de Representantes de EE. UU. con una tasa del 3.5% (originalmente un 5%), es mucho más que una simple medida fiscal. Es una política que, bajo la excusa de la seguridad fronteriza y la recaudación, amenaza con desestabilizar la vida de millones de familias, socavar la transparencia financiera y, paradójicamente, hacer nuestras fronteras menos seguras.
No nos engañemos: aunque la mayoría de los remitentes de remesas sean residentes formales, el verdadero objetivo de este gravamen son los trabajadores mexicanos en situación migratoria irregular. Son ellos quienes, imposibilitados de cruzar la frontera con efectivo, dependen casi exclusivamente de las transferencias electrónicas para enviar el “salvavidas” que sustenta a sus familias en México. En 2024, el 99.1% de las remesas llegaron por esta vía formal. Esta formalización, que tanto ha costado construir para garantizar la trazabilidad del dinero, ahora se convierte en su talón de Aquiles frente a un impuesto.
El Costo Humano Oculto en las Cifras Frías
Algunas proyecciones macroeconómicas minimizan el impacto, sugiriendo que la balanza de pagos de México solo se vería marginalmente afectada. Pero estas cifras agregadas ocultan una realidad brutal: el impacto microeconómico y regional sería devastador. Para un giro promedio de 400 dólares, el arancel del 3.5% añadiría 14 dólares al costo, casi triplicando o incluso cuadruplicando la comisión actual. Esto significa que un trabajador migrante, que ya vive al día, vería cómo su capacidad de ahorro y la planificación económica de su familia se desvanecen.
Imaginemos a una familia en Chiapas, Guerrero o Michoacán, estados donde las remesas representan más del 10% de su PIB. Para ellos, cada dólar cuenta. Este impuesto no es un ajuste menor; es una reducción directa en el alimento, la medicina, la educación y las oportunidades de sus hijos. Es una carga regresiva que golpea más fuerte a quienes menos tienen, empujando a más hogares hacia la pobreza extrema y aumentando la presión sobre los ya limitados programas de asistencia social en México.
El Peligroso Camino de la Informalidad: Un Regalo al Crimen Organizado
Pero quizás la consecuencia más perversa y peligrosa de este arancel es su inevitable efecto de empujar los flujos de dinero hacia la informalidad. Los trabajadores migrantes son extremadamente sensibles a los costos de envío. Si los canales formales se vuelven prohibitivos, buscarán alternativas. Y esas alternativas son los canales informales: amigos, viajeros, o redes no reguladas que operan “bajo el radar” de las autoridades.
La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Impuestos similares en Gabón, Palau o incluso el intento fallido en Oklahoma, solo han logrado recaudaciones insignificantes y, lo que es peor, han fomentado la opacidad. La evidencia es clara: por cada 1% de aumento en el costo de transacción, la informalidad en el envío de remesas crece aproximadamente un 5%.
Esto no es solo un problema de recaudación; es una amenaza directa a la seguridad financiera. Cuando el dinero se mueve fuera de los canales formales, se pierde la capacidad de monitorear su propósito. Esto abre la puerta de par en par al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y a otras actividades ilícitas. Es una paradoja cruel: una medida que se justifica en nombre de la seguridad fronteriza, terminará por debilitar la capacidad de control y monitoreo, creando un entorno más propicio para el crimen organizado.
Una Medida Ilegítima y Contraproducente
El gobierno mexicano ha calificado este impuesto de “ilegítimo” e “inconstitucional”, argumentando que viola el Tratado de Doble Tributación México-Estados Unidos. Y tienen razón. Los migrantes, incluso los indocumentados, ya pagan impuestos sobre sus ingresos en EE. UU. Gravar nuevamente ese dinero es una doble imposición injusta y una afrenta a los principios de justicia fiscal.
México está desplegando toda su diplomacia, buscando la solidaridad de otros países receptores de remesas como la India, para frenar esta medida en el Senado estadounidense. Y es fundamental que lo haga. Porque este arancel no solo es un ataque a los migrantes y sus familias; es un precedente peligroso que podría desestabilizar los flujos globales de remesas, vitales para muchas economías en desarrollo.
En resumen, el arancel a las remesas es una política miope, regresiva y contraproducente. No solo castiga a los más vulnerables y profundiza la desigualdad, sino que también socava la transparencia financiera y, en última instancia, debilita la seguridad que pretende fortalecer. Es un disparo en el pie de la seguridad y la justicia, y debe ser rechazado.