En una operación que evoca intervenciones pasadas de Washington en América Latina, el presidente Donald Trump anunció esta madrugada la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras una serie de ataques aéreos en Caracas y otras regiones clave. Esta acción, justificada por acusaciones de narcoterrorismo, marca un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas y plantea interrogantes sobre la soberanía regional en un mundo multipolar.
El drama se desató alrededor de las 2 a.m. hora local en Caracas, cuando explosiones sacudieron la capital venezolana. Testigos reportaron humo elevándose desde la base aérea La Carlota y el fuerte militar Tiuna, mientras aviones de bajo vuelo surcaban el cielo. Según fuentes del gobierno estadounidense, las fuerzas Delta Force capturaron a Maduro en una redada relámpago, trasladándolo fuera del país para enfrentar cargos en Nueva York por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas. Trump, en un mensaje en Truth Social, describió la operación como un “golpe masivo” contra el régimen, prometiendo más detalles en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. La fiscal general Pam Bondi enfatizó que Maduro “enfrentará la plena ira de la justicia estadounidense en suelo americano”, recordando la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida desde 2020.
El contexto de esta intervención radica en años de tensiones entre EE.UU. y Venezuela. Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha sido acusado por Washington de fraude electoral en 2024 y de liderar un cártel de drogas conocido como “Cártel de los Soles”. La administración Trump ha intensificado acciones previas, como el decomiso de petroleros venezolanos y ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico, que ya habían cobrado más de 110 vidas. Venezuela, rica en reservas petroleras pero sumida en una crisis humanitaria con hiperinflación y migración masiva –más de 7 millones de exiliados–, representa un punto neurálgico para la seguridad regional. Actores como Rusia, Irán y Cuba han apoyado a Maduro, proporcionando armamento y petróleo sancionado, lo que convierte esta crisis en un tablero de ajedrez geopolítico.
Los involucrados son múltiples y sus posturas, polarizadas. En Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió “pruebas de vida” de Maduro y declaró un estado de emergencia, llamando a la movilización popular contra el “ataque imperialista”. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó el despliegue militar nacional, invocando la unidad contra la agresión. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, celebró la acción como un paso hacia la libertad, agradeciéndole a Trump. Internacionalmente, Rusia condenó los strikes como “agresión armada” y pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán los tildó de “violación flagrante de la soberanía”, mientras Cuba los llamó “terrorismo de Estado”. La Unión Europea, a través de Kaja Kallas, urgió contención y respeto al derecho internacional, priorizando la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela. En América Latina, Colombia –aliada de EE.UU.– reportó los bombardeos sin atribuirlos explícitamente, y su presidente Gustavo Petro convocó una reunión de emergencia en la ONU. México, fiel a su doctrina de no intervención, condenó enérgicamente la acción a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que “el uso de la fuerza no resuelve conflictos” y abogó por el diálogo.
Expertos y analistas han ofrecido perspectivas variadas. El senador estadounidense Mike Lee confirmó la captura, señalando que no se esperan más acciones militares, mientras su colega Ruben Gallego la calificó de “guerra ilegal” sin aprobación congressional. La periodista venezolana Sissi De Flaviis advirtió que reconstruir el país post-Maduro podría tomar décadas, con desafíos en la mentalidad colectiva, la economía y las estructuras electorales. “No será un cambio inmediato positivo; podría ser complicado a corto plazo”, señaló en una entrevista. Un analista de la Brookings Institution, consultado por CBS News, apuntó que esta operación evoca la invasión de Panamá en 1989, donde EE.UU. capturó a Manuel Noriega por cargos similares, pero con costos humanitarios altos.
Las consecuencias potenciales son profundas. A corto plazo, Venezuela enfrenta riesgo de caos interno, con posibles luchas de poder entre facciones militares y opositores. La migración podría intensificarse, presionando fronteras como la de Colombia y Brasil. Económicamente, el control de las reservas petroleras –las mayores del mundo– podría alterar mercados globales; un aumento en precios del crudo beneficiaría a productores como Arabia Saudita, pero golpearía a importadores como Europa y Asia. Geopolíticamente, esta movida fortalece la doctrina Trump de “América Primero”, pero aliena a bloques como el BRICS, potenciando alianzas antioccidentales.
En el mediano plazo, el juicio a Maduro en EE.UU. podría sentar precedentes para perseguir líderes extranjeros, erosionando normas internacionales. Para América Latina, esto resalta la vulnerabilidad ante intervenciones unilaterales, impulsando quizás una mayor integración regional vía organismos como la CELAC. México, como vecino y socio comercial, podría ver afectadas sus negociaciones con Washington, especialmente en temas de drogas y migración. En última instancia, esta crisis subraya cómo las acciones de una superpotencia pueden redefinir dinámicas globales, recordándonos que la estabilidad hemisférica depende de diálogo, no de fuerza. ¿Será este el fin de una era o el inicio de conflictos mayores? El mundo observa con cautela.