En un giro que redefine las relaciones migratorias hemisféricas, el presidente Donald Trump ha rechazado cualquier pausa en las redadas masivas, prometiendo deportar a más de 2.5 millones de personas en 2026. Esta política, que ya ha despojado de estatus legal a 1.6 millones de inmigrantes en sus primeros meses, pone en jaque la economía compartida entre EE.UU. y México, donde millones dependen de remesas y flujos laborales transfronterizos.
El contexto de esta escalada se remonta a la campaña de Trump en 2024, donde la inmigración fue el eje central de su retórica “América Primero”. Ahora, con control republicano en el Congreso, ha impulsado reformas que eliminan protecciones como el TPS (Estatus de Protección Temporal) para nacionales de países como Honduras, El Salvador y Venezuela, muchos de los cuales transitan por México. Actores clave incluyen al Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por un halcón antiinmigración como Kristjen Nielsen en su segundo mandato, y organizaciones como la ACLU, que han demandado estas medidas por violar derechos humanos. Antecedentes históricos, como las deportaciones masivas durante la Gran Depresión o la era Obama, palidecen ante esta ola, que integra tecnología de vigilancia y cooperación forzada con gobiernos latinoamericanos.
Datos relevantes pintan un panorama alarmante: según el Pew Research Center, las remesas a México alcanzaron los 60 mil millones de dólares en 2025, representando el 4% del PIB nacional. Con deportaciones en aumento, expertos estiman una caída del 15-20% en estos flujos, afectando comunidades rurales mexicanas y exacerbando desigualdades. Además, el T-MEC, renegociado en 2018, podría verse tensionado si México responde con aranceles retaliatorios o restricciones al comercio agrícola. Posibles consecuencias incluyen un incremento en la migración irregular, sobrecargando el sistema de asilo mexicano, y un repunte en la delincuencia organizada que aprovecha el vacío.
Líderes han reaccionado con vehemencia. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en una conferencia reciente: “México no será el patio trasero de nadie; defenderemos la dignidad de nuestros connacionales con diplomacia firme y acciones humanitarias”. Del lado estadounidense, el analista migratorio David Bier, del Cato Institute, advierte: “Esta política no solo es inhumana, sino contraproducente; impulsará economías subterráneas y resentimientos que durarán generaciones”. Similares opiniones resuenan en foros como la OEA, donde delegados latinoamericanos han propuesto un “pacto regional” para contrarrestar el unilateralismo trumpista.
En el corto plazo, esta ofensiva podría estabilizar la base electoral de Trump, pero a costa de aislamiento internacional. Para el mediano plazo, obliga a México a diversificar alianzas, fortaleciendo lazos con la UE y China para mitigar dependencias económicas. En última instancia, esta crisis migratoria no es solo un asunto bilateral: revela fisuras en el orden global pospandémico, donde el nacionalismo choca con la interdependencia. Si no se media con sensatez, podría catalizar una nueva era de muros invisibles, erosionando la prosperidad compartida en el continente.