En un día simbólico como el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió Querétaro —donde Venustiano Carranza firmó el texto histórico— para reafirmar un mensaje contundente: “En México gobierna el pueblo, no los cárteles ni nadie más”. Esta declaración no fue solo una respuesta protocolaria a las acusaciones lanzadas por Donald Trump, quien ha reiterado que los cárteles “controlan” partes del territorio mexicano, sino un posicionamiento estratégico en un momento de alta tensión bilateral.
El contexto es claro. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha intensificado su retórica sobre migración, fentanilo y seguridad fronteriza, vinculando directamente el narcotráfico mexicano con amenazas a la soberanía estadounidense. En las últimas semanas, ha sugerido acciones unilaterales, desde aranceles hasta intervenciones selectivas, recordando la Doctrina Monroe en versión contemporánea. Sheinbaum, en cambio, optó por el diálogo firme: rechazó las afirmaciones como “falsas” y enfatizó que México es un Estado soberano con instituciones sólidas, respaldado por la Constitución que hoy conmemora.
Antecedentes abundan. El Tratado de Aguas de 1944, cumplido recientemente por México para evitar escaladas, y las negociaciones en curso sobre minerales críticos y comercio muestran un binomio interdependiente pero asimétrico. La deuda de agua se saldó bajo presión, pero el mensaje de Sheinbaum busca equilibrar la balanza: cooperación sí, pero sin cesión de soberanía. En Querétaro, la mandataria encabezó actos cívicos sin conferencia matutina, simbolizando que la Constitución —con sus principios de no intervención, autodeterminación y no reelección— es el escudo ante presiones externas.
Actores clave incluyen al gobierno mexicano, que mantiene canales diplomáticos abiertos, y la administración Trump, que usa la narrativa de seguridad para justificar políticas internas y externas. Analistas como expertos en relaciones bilaterales coinciden en que esta fricción no es nueva —recordemos los muros y amenazas de 2017-2021—, pero ahora se suma un factor: la percepción global de un EE.UU. más impredecible.
“La soberanía no se negocia; se defiende con hechos y diálogo”, podría resumir un analista cercano al gobierno mexicano. Por su parte, voceros trumpistas han replicado que “la realidad en la frontera no miente”, insistiendo en que el fentanilo mata estadounidenses y exige acción drástica.
Las consecuencias son múltiples. A corto plazo, esta postura fortalece la imagen interna de Sheinbaum, consolidando su liderazgo en Morena y entre votantes que valoran la dignidad nacional. Podría impulsar reformas constitucionales contra nepotismo y reelección, anunciadas recientemente. A mediano plazo, el riesgo es una escalada: si Trump impone aranceles o medidas migratorias extremas, México enfrentaría impactos económicos (exportaciones representan 80% del comercio con EE.UU.). Sin embargo, también abre oportunidades: una México unido y soberano podría negociar desde fuerza en temas como nearshoring y transición energética.
En reflexión final, este episodio recuerda que la Constitución de 1917 no es solo un texto histórico, sino un instrumento vivo para navegar un mundo multipolar y asimétrico. En 2026, con Trump en la Casa Blanca y tensiones globales en ascenso, la defensa de la soberanía mexicana no solo preserva la dignidad nacional, sino que contribuye a un equilibrio hemisférico más estable. El mensaje de Sheinbaum resuena: el pueblo gobierna, y esa es la mayor garantía de resiliencia ante cualquier tormenta geopolítica.