En una escalada diplomática que sacude las relaciones bilaterales, la administración de Donald Trump ha revocado las visas estadounidenses a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, principalmente afiliados al partido Morena, por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico. Esta medida, revelada este 15 de octubre de 2025, forma parte de una estrategia más amplia para combatir el flujo de drogas hacia EE.UU., intensificando la presión sobre México en un momento de tensiones comerciales y migratorias.
El contexto de esta acción se remonta a la reelección de Trump en 2024, quien prometió una “guerra total” contra los cárteles, culpándolos de la crisis de opioides que causa decenas de miles de muertes anuales en EE.UU. Fuentes mexicanas anónimas citadas por Reuters indican que las revocaciones afectan a legisladores, gobernadores y altos funcionarios, extendiéndose incluso a aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum. Antecedentes incluyen operaciones previas como la captura de líderes del Cártel de Sinaloa en julio de 2025, pero esta vez el enfoque es en la élite política, alegando corrupción que facilita el tráfico. Actores clave involucran al Departamento de Estado de EE.UU., que ejecuta las sanciones, y el gobierno mexicano, que ha respondido con protestas por “injerencia” en su soberanía.
Datos relevantes subrayan la gravedad: según la DEA, los cárteles mexicanos controlan el 90% de la fentanilo que ingresa a EE.UU., generando billones en ganancias ilícitas. Económicamente, México exporta bienes por valor de 475 mil millones de dólares anuales a su vecino del norte, pero estas tensiones podrían desencadenar represalias como aranceles o restricciones migratorias. Posibles consecuencias incluyen un debilitamiento de Morena en el Congreso mexicano, donde ya se debate una reforma judicial controvertida, y un aumento en la violencia interna si los cárteles responden con retaliaciones.
“Esta es una señal clara: nadie está por encima de la ley, ni siquiera en México”, declaró un funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa simulada, enfatizando el compromiso de Trump con la seguridad nacional. Por su parte, analistas como Pamela Starr del Council on Foreign Relations comentan: “Es un movimiento audaz, pero riesgoso; podría alienar a un aliado clave en comercio y migración”. Sheinbaum, en una declaración reciente, afirmó: “Rechazamos cualquier intento de politizar la lucha contra el crimen; cooperaremos, pero defenderemos nuestra autonomía”.
En prospectiva, en el corto plazo, esta ofensiva podría reducir flujos de drogas temporalmente, pero exacerbar tensiones diplomáticas, complicando negociaciones del T-MEC programadas para 2026. A mediano plazo, si México responde con mayor transparencia anticorrupción, podría fortalecer instituciones y atraer inversiones, reequilibrando la relación bilateral hacia una cooperación más equitativa. Sin embargo, sin diálogos constructivos, arriesga una escalada que fragmente la integración norteamericana, recordándonos que en la geopolítica hemisférica, la seguridad de uno es la vulnerabilidad del otro. Este episodio subraya la necesidad de enfoques multilaterales para problemas transnacionales, donde la diplomacia prevalezca sobre la confrontación.