En un movimiento audaz que sacude las cadenas de suministro globales, México ha anunciado tarifas de hasta el 50% sobre más de 1,400 productos importados de China y otros países asiáticos, con el objetivo declarado de contrarrestar las presiones comerciales provenientes de Estados Unidos. Esta decisión, efectiva inmediatamente, llega en un momento crítico, justo cuando se avecina la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026, y podría redefinir el equilibrio de poder en el comercio trilateral.
La medida surge en el contexto de una creciente guerra comercial entre EE.UU. y China, donde México se ha convertido en un pivote involuntario. Durante los últimos años, empresas chinas han relocated operaciones a México para evadir aranceles estadounidenses, un fenómeno conocido como “nearshoring”. Sin embargo, esto ha generado preocupaciones en Washington sobre posibles triangulaciones que socaven las reglas de origen del T-MEC. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su primer año de mandato, ha justificado los aranceles como una defensa de la industria nacional, argumentando que protegen empleos en sectores como el textil, acero y electrónica. Datos del Banco de México indican que las importaciones asiáticas han crecido un 25% en 2025, representando casi el 20% del total importado, lo que ha exacerbado déficits comerciales y presiones inflacionarias internas.
Los actores clave incluyen al gobierno mexicano, liderado por Sheinbaum y su secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien ha enfatizado la necesidad de “equilibrar el comercio justo”. Del lado chino, el Ministerio de Comercio ha respondido con dureza, advirtiendo a México que “ejerza extrema precaución” para evitar represalias que podrían incluir restricciones a exportaciones mexicanas de agroalimentos y minerales. Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha aplaudido implícitamente la medida, con el representante comercial Katherine Tai declarando: “Es un paso hacia la verdadera integración norteamericana, evitando que terceros erosione nuestra competitividad”. Analistas como Shannon O’Neil, del Council on Foreign Relations, han simulado escenarios donde estos aranceles podrían reducir el flujo comercial México-China en un 15%, pero aumentar la inversión estadounidense en un 10%.
Antecedentes revelan que esta no es la primera fricción: en 2024, México ya había impuesto medidas antidumping en acero chino, pero la escala actual es inédita. La reforma judicial reciente en México, que busca fortalecer el Estado de Derecho, podría jugar un rol en la implementación, asegurando transparencia en disputas comerciales. Sin embargo, posibles consecuencias incluyen encarecimiento de bienes de consumo en México, afectando a clases medias, y una escalada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde China podría demandar por discriminación.
Citas de expertos subrayan la complejidad. El economista mexicano Enrique Quintana, en El Financiero, afirma: “Esto es un doble filo; protege a corto plazo, pero si China retaliara, México perdería en un mercado donde exporta más de lo que importa”. Por su parte, el analista internacional Fareed Zakaria simula: “En un mundo multipolar, México está navegando entre dos gigantes; un error podría aislarlo económicamente”.
En prospectiva, este hecho influirá en el corto plazo al intensificar negociaciones del T-MEC, posiblemente favoreciendo cláusulas más estrictas contra triangulaciones. A mediano plazo, podría acelerar el nearshoring genuino, atrayendo más inversión de EE.UU. y Europa, pero también arriesgar una desaceleración si China opta por boicots. En última instancia, esta decisión posiciona a México como un actor proactivo en la geopolítica económica, recordándonos que en el comercio global, la soberanía se defiende con astucia, no solo con barreras. ¿Será este el catalizador para una Norteamérica más unida, o el inicio de nuevas tensiones? El tiempo, y los mercados, lo dirán.