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Haga un ejercicio de memoria. Vayamos una década atrás. ¿Recuerda cuánto le costaba una llamada de celular de Laredo a Chiapas? ¿El suplicio que era cambiarse de compañía telefónica? ¿Lo rápido que se esfumaba su saldo como por arte de magia? Si hoy esas preguntas le parecen un eco lejano, casi un mal sueño, no es casualidad. Es el resultado directo y tangible de una de las pocas reformas estructurales que realmente le cumplió al ciudadano de a pie: la reforma de telecomunicaciones de 2014.
Hoy, en pleno 2025, mientras el discurso oficial nos habla de una nueva “transformación digital”, es imperativo poner las cartas sobre la mesa y advertir sobre el riesgo de un retroceso monumental. Estamos a punto de cambiar un modelo que nos dio beneficios directos en el bolsillo por uno que huele a control y a la resurrección de los viejos vicios.
El Amanecer de 2014: Cuando tu Saldo Empezó a Rendir
La reforma de telecomunicaciones de 2014 no fue una ley abstracta para ingenieros y abogados. Fue oxígeno puro para un mercado asfixiado por el monopolio. Su genialidad residió en una premisa simple: si el pez grande no deja crecer a los demás, hay que ponerle reglas especiales.
Así nació el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un árbitro autónomo con dientes, con la facultad de decirle al jugador preponderante: “Usted, por su tamaño, tiene la obligación de compartir su infraestructura”. Esto, que suena técnico, fue una revolución. Permitió la entrada de nuevos competidores, como AT&T, que llegaron a invertir miles de millones de dólares, obligando al líder del mercado y a los demás a bajar sus precios y mejorar sus servicios para no perder clientes.
Los resultados de la ley telecom de 2014 los sentimos todos:
- Adiós a la larga distancia nacional.
- Portabilidad numérica en 24 horas, devolviéndonos el poder de elegir.
- Una caída drástica en los precios de la telefonía e internet móvil (más del 40%, según datos del propio IFT).
- Se consagraron los principios de neutralidad de la red, garantizando un internet libre.
Fue una victoria ciudadana innegable. Un triunfo de la competencia sobre la concentración de poder.
2025: El Espejismo de una “Transformación” con Sabor a Control
Ahora, avancemos rápido a junio de 2025. Con el argumento de cerrar la brecha digital, se ha aprobado una nueva ley que es, en esencia, la sentencia de muerte para el modelo de autonomía que tanto nos benefició.
La pieza central de esta contrarreforma es la desaparición del IFT como órgano autónomo. En su lugar, tendremos agencias dependientes directamente del gobierno en turno. Se acabó el árbitro independiente; ahora el gobierno será juez y parte. ¿Y por qué esto debería importarle a usted? Porque un regulador sin autonomía es un regulador sin poder para defender al consumidor frente a los intereses políticos o de las propias empresas del Estado. La autonomía del IFT era el escudo que garantizaba que las decisiones se basaran en criterios técnicos, no en caprichos sexenales.
Pero la nueva ley de telecomunicaciones 2025 va más allá. Bajo un velo de seguridad, introduce herramientas con un potencial autoritario preocupante:
- Geolocalización en tiempo real a solicitud de la autoridad, una puerta abierta a la vigilancia masiva.
- La posibilidad de bloquear plataformas digitales, una amenaza directa a la libertad de expresión.
- La obligatoriedad de usar una identificación oficial para comprar un chip, creando una barrera para los más desprotegidos y una base de datos de altísimo riesgo.
¿Control o Conectividad? El Falso Dilema que Nos Recetan
Nos venden esta reforma como la solución para llevar internet a todos. Pero no nos equivoquemos: el objetivo de cerrar la brecha digital es legítimo, pero el camino elegido es peligroso. En lugar de fortalecer los mecanismos que incentivan la inversión privada para llegar a zonas remotas (como bajar los altísimos costos del espectro), se opta por un modelo centralizado que puede fácilmente convertirse en una herramienta de clientelismo y control.
La pregunta que debemos hacernos es brutalmente simple: ¿Estamos dispuestos a sacrificar los beneficios de la reforma de telecomunicaciones de 2014 —nuestra libertad de elegir, precios más bajos, un árbitro que nos defiende— a cambio de una promesa de conectividad gestionada con criterios políticos y con el poder de silenciarnos?
El veredicto ciudadano debería ser claro. No se puede “transformar” destruyendo los cimientos de lo que sí funcionaba. Estamos cambiando el poder que teníamos en nuestro bolsillo por un bozal digital. Es una crónica de un apagón anunciado: el apagón de la competencia, de la autonomía y, potencialmente, de nuestras libertades. Es hora de reflexionar si ese es el “progreso” que queremos para México.