México se encuentra en la antesala de un evento que reescribirá las páginas de su historia judicial. El 1 de junio de 2025, por primera vez en 143 años, la ciudadanía tendrá en sus manos la elección directa y secreta de jueces, magistrados y, lo más trascendental, de los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este cambio radical, impulsado por la reforma judicial, nos invita a una reflexión profunda: ¿estamos ante una verdadera democratización de la justicia o frente a un salto al vacío con consecuencias aún por descifrar?
La Promesa: Una Justicia Más Cercana y Transparente
Los defensores de esta reforma, abanderada por el Ejecutivo y respaldada por la mayoría legislativa de Morena, argumentan que es un paso audaz y necesario. La lógica es seductora: si elegimos a nuestros gobernantes, ¿por qué no a quienes interpretan y aplican nuestras leyes? El objetivo es claro: acercar la justicia al pueblo, que los impartidores de justicia rindan cuentas directamente a la ciudadanía y no a los poderes que antes los designaban. Se busca, en esencia, combatir la impunidad y asegurar un poder judicial “ajeno a intereses privados”.
Veamos cómo se compara este nuevo modelo con el anterior:
| Característica | Sistema Anterior (Pre-2024) | Reforma 2024 |
| Autoridad Nominadora | Presidente (propone terna) | Poder Ejecutivo/Legislativo/Judicial (nominación plural vía comités de evaluación) |
| Autoridad Aprobatoria | Senado (aprueba por 2/3) | Voto Popular Directo |
| Composición de la SCJN | 11 Ministros, operaba en Salas | 9 Ministros, solo Pleno |
| Financiamiento de Campañas | No regulado específicamente / Financiamiento privado posible | Prohibido financiamiento privado / INE financia |
| Participación de la Sociedad Civil | Limitada/Ninguna formalmente | Mecanismos públicos y accesibles |
Como se observa, el nuevo proceso de nominación busca ser más plural, involucrando a los tres poderes de la Unión a través de comités de evaluación. Se promete una evaluación pública, abierta e inclusiva, y se garantiza la paridad de género en la composición de la SCJN, con cinco ministras y cuatro ministros. Además, la prohibición del financiamiento privado de las campañas es un intento directo de eliminar la influencia del dinero en la contienda judicial. Sobre el papel, todo esto dibuja un panorama de una justicia más legítima y representativa.
El Peligro: ¿Politización o Independencia?
Pero, como en toda moneda, hay otra cara. Y esta, para muchos expertos legales y organizaciones de la sociedad civil, es la de la preocupación. La crítica más contundente es que la elección popular podría ser una amenaza directa a la independencia judicial. Un juez que depende del voto popular podría verse tentado a tomar decisiones basadas en la opinión pública o en agendas políticas, en lugar de apegarse estrictamente a la ley y a la evidencia. La imparcialidad, pilar fundamental de la justicia, podría tambalearse.
El mérito y la cualificación, que deberían ser los criterios supremos para un cargo judicial, corren el riesgo de ser desplazados por la popularidad o el carisma político. Y aunque se prohíba el financiamiento privado, la sombra de la influencia externa, ya sea de grupos de interés o incluso del crimen organizado, sigue siendo una inquietud latente en un país como México. Las experiencias comparadas no son precisamente alentadoras: Bolivia, que adoptó la elección popular de jueces en 2009, ha enfrentado problemas de politización y desconfianza pública. En Estados Unidos, donde algunos estados eligen jueces, el debate sobre el gasto de grupos de interés en las campañas judiciales es constante.
Los Rostros de la Contienda: ¿Nuevas Caras o Viejas Prácticas?
La lista de candidatos a la SCJN es un crisol de trayectorias, y su análisis revela algunas contradicciones con los objetivos declarados de la reforma.
| Nombre del Candidato | Poder Postulante | Aspectos Notables/Controversias (si aplica) |
| Lenia Batres Guadarrama | EF | Ministra en funciones, designada por el Presidente. |
| Yasmín Esquivel Mossa | EF | Ministra en funciones. |
| Loretta Ortiz Ahlf | EF | Ministra en funciones. |
| Dora Alicia Martínez Valero | PJ/PL | Exdiputada federal por partido político (PAN). |
| Celia Maya García | EF/PE | Exfigura política de partido (excandidata de Morena a la gubernatura). |
| César Mario Gutiérrez Priego | PL | Lidera encuestas con 19.2% de preferencias. |
| Hugo Aguilar Ortiz | PE | Lidera encuestas con 18.8% de preferencias. |
| Carlos Enrique Odriozola Mariscal | PJ | Lidera encuestas con 14.7% de preferencias. |
| Sergio Javier Molina Martínez | PJ | Lidera encuestas con 14.1% de preferencias. |
| Jaime Allier Campuzano | PJ | Abogado con 30 años en el PJF, magistrado de circuito. |
| Gabriel Regis López | PE | Abogado con +25 años en PJF, juez de distrito. |
La presencia de ministras “en funciones” como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf , quienes fueron designadas bajo el sistema anterior (el mismo que se critica por su opacidad), junto con figuras con un pasado político claro como Dora Alicia Martínez Valero o Celia Maya García, plantea una pregunta incómoda: ¿es esto realmente un cambio o una legitimación de lo ya existente a través de un nuevo mecanismo? Esto podría generar cinismo público sobre la verdadera independencia del proceso.
El gran desafío es para el votante. ¿Cómo se espera que el ciudadano promedio se informe adecuadamente sobre los perfiles y las filosofías judiciales de más de 3,400 candidatos que compiten por más de 1,600 cargos judiciales en todo el país?. Las redes sociales ya reflejan la confusión y el escepticismo, con comentarios que tildan el proceso de “circo” o “gastadero de dinero”. La plataforma “Conóceles” del INE es un esfuerzo, pero la magnitud del reto es inmensa.
Y si hablamos de transparencia, hay un punto que no podemos ignorar: hasta mayo de 2025, ninguno de los 64 aspirantes a ministros de la SCJN había presentado públicamente sus declaraciones “3 de 3” (patrimonial, de intereses y fiscal). ¿Cómo podemos votar informados si la información básica sobre la integridad financiera de los candidatos no está disponible? Esto, sin duda, mina la confianza en un proceso que se vende como el epítome de la transparencia.
Un Voto con Peso Histórico
La elección judicial de 2025 es, sin duda, un experimento democrático de proporciones históricas. La promesa de una justicia más cercana y responsable es seductora, pero los riesgos para su independencia y la capacidad del ciudadano para emitir un voto verdaderamente informado son considerables. El éxito de esta reforma no solo dependerá de quiénes sean elegidos, sino de si el proceso logra superar las dudas y asegurar una justicia imparcial y efectiva para todos.
¿Qué opinan ustedes? ¿Es esta elección un avance democrático o una amenaza a la autonomía judicial? ¡Dejen sus comentarios!