En el vasto entramado de instituciones públicas en México, pocas tienen un impacto tan directo en la vida de los trabajadores como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). A lo largo de su historia, este organismo ha sido una herramienta crucial para que millones de mexicanos accedan a una vivienda digna. Sin embargo, en los últimos años, el Infonavit se ha convertido también en un epicentro de polémicas y señalamientos de corrupción que han puesto en jaque su credibilidad y eficacia.

La reciente iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción en el Infonavit, respaldada por la Central Unitaria de Vivienda (CUV), abre un nuevo capítulo en esta compleja historia. Pero, ¿qué tan profundas son las raíces del problema? ¿Es posible transformar esta institución para que realmente sirva a los intereses de los trabajadores?

El “hoyo negro” de la subcuenta de vivienda

El principal foco de atención en esta nueva cruzada contra la corrupción es la llamada subcuenta de vivienda. Este fondo, que asciende a 1.9 billones de pesos, representa el ahorro acumulado de millones de trabajadores mexicanos. En teoría, estos recursos están destinados exclusivamente a financiar créditos hipotecarios y proyectos de vivienda social. En la práctica, han sido manejados con una discrecionalidad alarmante que ha dado pie a múltiples irregularidades.

Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2015 y 2022 se detectaron desviaciones de recursos y adjudicaciones de contratos que carecían de justificación. Empresas fantasma, sobrecostos y proyectos inconclusos son solo algunas de las irregularidades documentadas. Este manejo opaco ha derivado en un fenómeno que expertos y activistas han bautizado como el “hoyo negro” del Infonavit: un entramado de corrupción que drena recursos destinados a los trabajadores y los desvía hacia intereses privados.

Una reforma radical: la apuesta de la CUV

Ante este panorama desolador, la Central Unitaria de Vivienda (CUV) ha levantado la voz para exigir una reforma “radical” en el Infonavit. Entre las propuestas más relevantes, se encuentra la reestructuración de los créditos hipotecarios, con plazos que oscilen entre 5 y 10 años y tasas de interés no mayores al 2% anual.

“El capital que maneja el Infonavit es de los trabajadores, no del gobierno ni de las empresas. Es inconcebible que se cobren tasas de interés desproporcionadas, mientras el propio instituto reporta rendimientos multimillonarios”, declaró María del Carmen López, presidenta de la CUV, durante una conferencia reciente.

Esta demanda, aunque ambiciosa, no está exenta de críticas. Expertos en finanzas advierten que reducir las tasas de interés podría comprometer la sostenibilidad del instituto. Sin embargo, la CUV argumenta que el sistema actual perpetúa un modelo de endeudamiento excesivo que hipoteca el futuro de los trabajadores, literalmente y en sentido figurado.

El flagelo de la incertidumbre jurídica

A la par de las demandas por una reforma en los créditos hipotecarios, la CUV también ha señalado un problema estructural que afecta al mercado de la vivienda en México: la falta de certeza jurídica. Según cifras del propio Infonavit, en el país existen cerca de 8 millones de viviendas sin documentación que acredite su propiedad.

Este vacío legal no solo afecta a las familias que habitan estas casas, sino que también las deja vulnerables ante amenazas del crimen organizado. Organizaciones como México Evalúa han documentado cómo inmuebles sin papeles son utilizados por cárteles para almacenar drogas, esconder armamento o incluso como casas de seguridad.

“Resolver el problema de la certeza jurídica no es solo un tema de justicia social, sino también de seguridad nacional”, señaló Javier Hernández, analista de políticas públicas.

Construir más, ¿una solución o un problema?

En este contexto, la propuesta de construir un millón de nuevas viviendas parece un paliativo más que una solución. Si bien la demanda de vivienda en México es real, expertos advierten que inundar el mercado con nuevos desarrollos podría agravar el problema de la sobreoferta, especialmente en zonas urbanas donde ya existe un alto número de viviendas abandonadas.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revela que el 20% de las viviendas financiadas por el Infonavit en la última década permanecen desocupadas. Esto se debe, en gran medida, a la falta de planeación y a la construcción de fraccionamientos alejados de centros urbanos, sin acceso a servicios básicos ni transporte público.

“La solución no es construir más casas, sino construirlas donde realmente se necesitan y con las condiciones adecuadas para que sean habitables”, enfatizó Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa.

Sheinbaum y el desafío político

En este complejo entramado, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante sí uno de los mayores retos de su administración. Su iniciativa para combatir la corrupción en el Infonavit es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Sin embargo, su éxito dependerá de la profundidad de las reformas que impulse y de su capacidad para sortear los intereses creados que orbitan en torno a esta institución.

Para muchos, el combate a la corrupción en el Infonavit será una prueba de fuego para la narrativa de “transformación” que ha definido al actual gobierno. Si Sheinbaum logra limpiar el instituto y reorientarlo hacia las necesidades de los trabajadores, podría consolidar su imagen como una líder comprometida con las causas sociales. Por el contrario, si la corrupción persiste, el Infonavit se convertirá en un lastre político difícil de ignorar.

Un futuro incierto

La historia del Infonavit es, en muchos sentidos, un reflejo de las contradicciones que marcan a México: un país con recursos abundantes, pero con instituciones que, con demasiada frecuencia, fallan en administrar esos recursos de manera justa y eficiente.

La reforma que exige la CUV y la iniciativa de Sheinbaum representan una oportunidad histórica para transformar este organismo y devolverle a los trabajadores el control sobre su patrimonio. Sin embargo, como en tantas otras batallas políticas en México, el camino estará plagado de obstáculos.

La pregunta no es solo si el Infonavit puede cambiar, sino si quienes tienen el poder para cambiarlo están dispuestos a asumir los costos políticos que ello implica.

Solo el tiempo dirá si este capítulo de la historia del Infonavit terminará como un ejemplo de renovación institucional o como una promesa más que se perdió en el laberinto de la corrupción.

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